Conforme a lo dispuesto en el art. 8.1 de la Ley 3/1987, de 30 de marzo, Electoral de Castilla y León «La Junta Electoral de Castilla y León es un órgano permanente y está compuesta por:
Sr. D. José Manuel Martínez Illade
Sr. D. Francisco Javier Pardo Muñoz
Sra. D.ª Begoña González García
Sra. D.ª María Jesús Martín Álvarez
Sr. D. Luis Esteban Delgado del Rincón
Sr. D. Manuel Augusto Martín de la Vega
Sr. D. Juan Fernando Durán Alba
Sr. D. Marcos Herrero Martínez-Tutor
Sra. D.ª Raquel María Álvarez Esteban
a) Cursar instrucciones de obligado cumplimiento a las Juntas Electorales Provinciales en cualquier materia electoral.
b) Resolver con carácter vinculante las consultas que le eleven las Juntas Provinciales.
c) Revocar de oficio en cualquier tiempo o, a instancia de parte interesada dentro de los plazos previstos en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, las decisiones de las Juntas Electorales Provinciales cuando se opongan a la interpretación de la normativa electoral realizada por la Junta Electoral de Castilla y León.
d) Unificar los criterios interpretativos de las Juntas Electorales Provinciales en la aplicación de la normativa electoral.
e) Aprobar, a propuesta de la Administración de la Comunidad Autónoma, los modelos de actas de constitución de Mesas Electorales, de escrutinio, de sesión, de escrutinio general y de proclamación de electos. Tales modelos deberán permitir la expedición instantánea de copias de las actas, mediante documentos autocopiativos u otros procedimientos análogos.
f) Resolver las quejas, reclamaciones y recursos que se le dirijan de acuerdo con la presente Ley o con cualquier otra disposición que le atribuya esa competencia.
g) Ejercer potestad disciplinaria sobre todas las personas que intervengan con carácter oficial en las operaciones electorales.
h) Corregir las infracciones que se produzcan en el proceso electoral siempre que no sean constitutivas de delito y no estén reservadas a los Tribunales o a la Junta Electoral Central, e imponer multas hasta la cuantía máxima de CIENTO CINCUENTA MIL PESETAS, conforme a lo establecido por la Ley.
i) Expedir las credenciales a los Procuradores en caso de vacante por fallecimiento, incapacidad o renuncia, una vez finalizado el mandato de las Juntas Electorales Provinciales.
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